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ESPAÑA

Aceite de girasol

ASAJA-Cádiz considera la gestión de la crisis del aceite de girasol un despropósito

Asaja-Cádiz considera que la gestión de la crisis del aceite de girasol ha sido un despropósito en el que se ven perjudicado los consumidores y los productores

02/05/2008 AVA -ASAJA

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Asaja-Cádiz considera que la gestión de la crisis del aceite de girasol ha sido un despropósito en el que se ven perjudicado los consumidores y los productores.

Al mismo tiempo la asociación opina que este caso es una prueba más de las injusticias que se están haciendo con los productores españoles, mientras los agricultores y ganaderos de España tienen que someter a sus cultivos y ganadería a toda clase de pruebas para asegurar la calidad y la salubridad de sus productos, las fronteras permanecen abiertas para productos que no aseguran nada.

El caso de aceite de girasol es una eslabón en una cadena que permite entrar organismos genéticamente modificados cuando prohíbe a los europeos cultivarlos y permite toda clase de injusticias que siempre perjudican a los productores españoles que son al fin al cabo los que verdaderamente cumplen las normas.

En este sentido Asaja-Cádiz cree que es de vital importancia que el Gobierno español insista públicamente en que la mayor garantía la proporcionan los productos españoles y denuncie e investigue las prácticas de algunos aprovechados que ante este tipo de crisis sube los precios a los consumidores mientras se los bajan a los productores.

En opinión de la asociación el ministro de Sanidad y Consumo, Bernart Soria, ha actuado en la gestión de esta crisis de forma gravemente irresponsable, y su departamento ha demostrado una gran dosis de incompetencia. En algo mas de 78 horas se ha declarado una alarma sanitaria, luego se ha desmontado, se ha publicado un listado de marcas garantizadas (que son todas españolas) pero persisten las dudas sobre el resto de marcas, aproximadamente el 75% restante. En suma, decisiones contradictorias, alarma injustificada, precipitación y, lo que es mas grave, falta de transparencia. No se puede hacer peor, en menos tiempo.

En opinión de ASAJA, la cadena de fallos cometidos por Sanidad es demasiado larga. Pero sin duda, el Gobierno es doblemente responsable. En primer lugar, por haber permitido la entrada de partidas de aceite de girasol sin controlar debidamente y en segundo lugar, por permitir la gestión de una crisis tan mal llevada, cuando desde el primer momento se debería haber clarificado que partidas podían estar contaminadas y qué marcas no podían consumirse.

El no hacerlo así, ha supuesto generar un clima de incertidumbre y desconcierto entre los consumidores, que no saben a qué atenerse, con las consecuencias que ello puede tener para el consumo y puede provocar un grave perjuicio a los productores españoles de semillas de girasol, que van a tener que sufrir las consecuencias de una gestión tan pésimamente llevada.

El sector de semillas de girasol tiene un peso destacado en la industria agroalimentaria española y su cultivo es una de las principales producciones agrarias en comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. La estimación de siembra para este año ronda las 800.000 toneladas de pipa, lo que equivale a una producción de unas 320.000 toneladas de aceite, o lo que es lo mismo, unos 400 millones de litros de aceite de girasol.

En estos momentos, los agricultores están a punto de comenzar las tareas de siembra de girasol y muchos de ellos están también cerrando contratos de venta con las empresas transformadoras y desde luego lo acontecido en los últimas horas con la crisis de aceite contaminado proveniente de Ucrania supone, cuando menos, una grave preocupación para el sector ante las consecuencias aún indeterminadas que esto puede tener para ellos.

Por todo ello, Asaja-Cádiz pide al Gobierno que resuelva con eficacia y celeridad esta crisis, aportando toda la información que sea necesaria y garantizando a los consumidores los máximos controles en frontera para que los productos agroalimentarios procedentes de terceros países cumplan los mismos requisitos productivos y de seguridad alimentaria que se exigen a las producciones comunitarias.

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