La Política Pesquera Común (PPC) permite a los pescadores comunitarios acceder a las aguas de todos los Estados miembros en igualdad de condiciones. ¿Es capaz la legislación europea de responder a los problemas del sector? Varios miembros de la comisión parlamentaria de Pesca dan su opinión en este artículo.
A pesar de que la pesca supone algo menos del uno por ciento del Producto Interior Bruto de los Estados miembros de la Unión Europea, emplea a unos 260.000 pescadores europeos. El 1 de enero de 2003, la Unión Europea puso en marcha una nueva política pesquera que actualizaba las medidas tomadas hasta ese momento, que resultaban ya ineficaces para conservar las existencias, proteger el entorno marino, asegurar la rentabilidad de las flotas europeas y proveer de productos de calidad a los consumidores.
Regeneración
Durante años, no se había impuesto ningún límite al número de peces capturados, y la cantidad de ejemplares adultos disponibles resultaba insuficiente para la reposición de las existencias. Actualmente, a pesar de las medidas tomadas desde entonces, las reservas de bacalao están a punto de desaparecer.
Además, esta situación también repercutía en los ingresos de los pescadores, el equilibrio del ecosistema marino y el suministro de pescado en el mercado europeo. La nueva política pretendía que las piscifactorías fueran rentables desde el punto de vista biológico, medioambiental y económico.
Fondo Europeo de Pesca
El Fondo Europeo de Pesca para el periodo 2007-2013 asciende a 3.800 millones de euros y financia aquellas medidas que contribuyen a conseguir los objetivos de la nueva Política Pesquera Común: explotación sostenible de los recursos, mejora de la competitividad y rentabilidad del sector, promoción de métodos de pesca y producción respetuosos con el medio ambiente, ayuda a los trabajadores y el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras.
La Política Pesquera Común (PPC) prevé asimismo diferentes acciones encaminadas a limitar el impacto medioambiental de la pesca. Entre ellas, se incluye la protección de algunas especies como los mamíferos marinos, los peces pequeños y las reservas y hábitats especialmente vulnerables. Además, aboga por la reducción de la capacidad de pesca de la flota europea para conseguir el equilibrio apropiado entre la captura de ejemplares y los recursos disponibles en los mares.
Prácticas insostenibles
Según la eurodiputada irlandesa del Partido Popular Europeo Avril Doyle, la PPC ha impuesto un sistema de cuotas que no funciona y el seguimiento y aplicación de las normas ha sido insuficiente. Agrega además que tampoco se pueden olvidar ''las prácticas de pesca insostenibles y el daño al medio ambiente''.
Para el eurodiputado alemán Georg Jarzembowski, también del Partido Popular Europeo, ''lo más importante es asegurar la sostenibilidad de las piscifactorías europeas y erradicar la pesca ilegal más allá de las cuotas acordadas''. En su opinión, ''de esta manera se crearán las bases para asegurar el sustento de los pescadores a largo plazo''.
A su vez, el eurodiputado socialista griego Stravos Arnaoutakis se muestra partidario de la lucha contra la pesca ilegal y las prácticas destructivas como respuesta al cambio climático, la contaminación de las aguas, la reducción de las reservas piscícolas y el empobrecimiento de los ecosistemas marinos.
Sin embargo, el eurodiputado liberal francés Phillipe Morillon considera que ''el desarrollo sostenible sólo se conseguirá con la participación de los pescadores'', ya que ''se trata de conciliar los conocimientos de los científicos con la experiencia''.
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