Desde que en 1998 los organismos genéticamente modificados (OGM) -también conocidos como transgénicos- desembarcaron en España, la agricultura ecológica y convencional está en declive. Paulatinamente, los horticultores de esta práctica han ido desistiendo en su deseo de ser fieles a modelos agroecológicos ante la dificultad de mantener su campo a salvo de la invasión de las semillas transgénicas. El resultado es un crecimiento exponencial de las hectáreas dedicadas al cultivo de OGM y, en consecuencia, alimentos homogéneos y con un déficit considerable de micronutrientes.
''España es el único país de la Unión Europea que permite producir maíz a gran escala'', lamenta la delegada de Greenpeace en Cataluña, Anna Rosa Martínez. De hecho, el maíz y la soja y sus derivados -chocolate, patatas fritas, margarina, etc.- son los únicos OGM permitidos por la UE. Aunque en España, país líder en producción de transgénicos y, sobre todo en Cataluña, que es, después de Aragón, la comunidad líder en OGM, el modificado genéticamente se reduce al maíz. De hecho, el 75% del maíz producido proviene de organismos modificados genéticamente.
A tenor de esta situación, en febrero de este año, la Plataforma Som lo que sembrem presentó una Iniciativa Legislativo Popular (ILP) para declarar Cataluña libre de transgénicos a la espera de que los estudios demuestren la inocuidad de su cultivo y la mesa encargada la aceptó a trámite. Hoy día, a poco menos de un mes de que expire el plazo, la plataforma ha obtenido 55.000 adhesiones, 5.000 más de las exigidas por la mesa. Aun y así, el optimismo no reina entre sus promotores. El portavoz de la organización, Josep Pàmies, admite que los gobiernos ''se mueven por impulsos económicos'' y que, tanto si obtienen 50.000 como 80.000 firmas, será difícil que acepten sus peticiones.
La ILP ha sido secundada por muchas organizaciones como la Xarxa Ecològica de Consum. ''El transgénico no acepta otras opciones porque tiene implicaciones, contamina. La única opción es prohibirlos'', dice su portavoz, Esther Vivas. La delegada de Greenpeace en Cataluña también se sube al tren: ''Los transgénicos no son necesarios y además sus efectos son impredecibles. Debería haber una moratoria de su uso hasta que se esclarezcan sus efectos''.
Más allá de la declaración del territorio libre de transgénicos, siguiendo los pasos de Francia, Alemania o, a menor escala, la comunidad Balear; los agricultores se conforman con que se proteja su derecho y el de los consumidores a producir y consumir, respectivamente, productos ecológicos. El Presidente del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, reclama: ''La normativa tiene que contemplar medidas de precaución del cultivo transgénico y que, aun así, si se dan casos de contagio, haya un fondo de compensación''.
Durante años se ha hablado de establecer unas reglas de juego que permitieran la coexistencia entre los diferentes tipos de agricultura pero lo cierto es que la Unión Europea delega dicha responsabilidad en los Estados, o incluso en las comunidades autónomas y en España hay un claro desgobierno. ''Parece mentira que esté todo regulado, excepto las reglas para garantizar la coexistencia'', admite el técnico del servicio de producción agrícola del Parlament, Xavier Farrer. En el caso catalán, la Generalitat impulsó en 2005 un decreto pionero en España para censar las plantaciones de semillas transgénicas y proteger los cultivos ecológicos, pero cayó en saco roto. Desde entonces, no ha habido otro intento por fijar unas condiciones firmes.
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