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ESPAÑA

Crisis vino

La FCAC exige soluciones del Ministerio al stock de 12 millones de litros de vino para evitar la caída de precios

Ante la entrada en vigor de la normativa comunitaria (OCM), el próximo 1 de agosto

23/07/2008 FCAC

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Se trata de una situación excepcional de crisis por el descenso de consumo

Es necesaria una acción decidida de las administraciones para evitar el hundimiento económico de un sector también perjudicado por el drástico recorte de los planes de reestructuración

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) reclama al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) una solución inminente a los excedentes de vino tinto que se han generado a causa del desequilibro entre la oferta y la demanda. Para las cooperativas vitivinícolas, es imprescindible que se autorice la destilación de crisis para dar salida a los stocks con el objetivo de evitar la caída de precios y el hundimiento económico de un sector con dificultades de mercado.

Aunque habitualmente en Cataluña no hay excedentes de vino, esta última campaña los stocks para el conjunto de las empresas elaboradoras se sitúan en unos 12,3 millones de litros, que se tendrían que poder retirar a de tres euros/hectogrado. En España la cifra asciende a los 320 millones.

La FCAC es especialmente crítica con la política de la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer, que de momento no ha autorizado la destilación de crisis, aunque este es el mecanismo más adecuado para sacar los excedentes de vino de las bodegas.

La solución de la Administración europea se tendría que producir con carácter inminente, ya que el próximo 1 de agosto comenzará a aplicarse la nueva OCM vitivinícola coincidiendo con el inicio de la campaña 2008-09 y, en estos momentos, la gestión de los stocks en las bodegas continua siendo crítica.

A esta situación hay que añadir el drástico recorte presupostario, hasta al 70%, de los planes de reestructuración del sector. En el nuevo período previsto hasta 2013, la ayuda a nivel estatal se reduciría de unos 150 a 50 millones de euros anuales de media que, en el caso de Cataluña, se concretarían sólo en unos 2 millones.

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