Es porque el oficialismo presentó un nuevo proyecto. No elimina las retenciones móviles, pero protege a los productores chicos y medianos. La subida no afectaría a quienes producen hasta 1.000 toneladas de soja.
El bloque oficialista en el Congreso y parte de la dirigencia rural negociaron ayer intensamente en torno a un proyecto que permita poner fin a la rebelión del campo ante la imposición de las retenciones móviles. De prosperar, la iniciativa posibilitaría la ratificación parlamentaria de la mentada Resolución 125. El pago prometido sería una segmentación que posibilitaría que entre 80 y 90% de los productores vuelva a tributar el 35%, como hasta marzo pasado.
Tal como relató Clarín en sus últimas ediciones, durante todo el fin de semana hubo una febril negociación entre el bloque de diputados del PJ y la Federación Agraria. Las posiciones de ambas partes aparecían muy alejadas hasta que una reunión del núcleo del poder kirchnerista -realizada el domingo en Olivos- aceptó jugar sus fichas hacia una fórmula intermedia. Esta variante permitió achicar las distancias. Pero hasta anoche no parecía suficiente.
El diputado Alberto Cantero, titular de la Comisión de Agricultura, fue el encargado de transmitir ayer a los dirigentes del campo la oferta oficial. Esto motivó una reunión de la Comisión de Enlace. Tras el encuentro, las entidades rurales valoraron el gesto oficial pero al mismo tiempo lo consideraron ''insuficiente''. La mayor crítica fue que en su iniciativa, el justicialismo no cedió a modificar la ''curva'' de las retenciones móviles.
La fórmula cocinada en el calor del poder incorpora un par de conceptos novedosos. Un cambio clave es que ahora no se planea cobrar a todo el sector el 47% actual de retenciones para luego reintegrarle a una porción de productores la diferencia con el 35%. El mecanismo propuesto es que pasen a ser los compradores (acopiadores, cooperativas y cerealeras) quienes deban gestionar el reintegro, para volcarlo rápidamente hacia los chacareros. A lo sumo, dicen los kirchneristas, ese trámite llevaría unos 20 días.
Otro detalle técnico tampoco es menor: implica que el retorno a las retenciones del 35% no correrá exclusivamente para productores chicos. Todos los sojeros, inclusive los grandes, gozarán de esa rebaja de las retenciones hasta un límite a definir, y sólo los que se pasen de ese volumen tributarán la alícuota actual.
Ese límite todavía estaba en discusión. El Gobierno habría ofertado 750 toneladas de soja, pero el agro reclamaba que se levante a no menos de 1.000 toneladas. Si se impone esta variante, según datos de la ONCCA, unos 69.400 productores verían retroceder el tributo a pagar, mientras que sólo 5.000 empresas de mayor porte soportarían las mayores retenciones. Por cierto, aportan 30 millones de toneladas de soja, sobre un total de 47 millones.
El costo fiscal del plan no es menor: se estimaba en unos U$S 700 millones, prácticamente la mitad de lo que se esperaba recaudar con la suba del impuesto. Para tentar todavía más a las entidades, Cantero prometió al titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, un rápido tratamiento de otros proyectos, como una nueva ley de arrendamientos.
De todos modos, ese dirigente pedía anoche ''más generosidad''. Por caso, se reclamaba una segmentación mayor, para que los chacareros de hasta 500 toneladas tributen no más de 25%. Mario Llambías, de CRA, también exigía garantías. ''Es un proyecto interesante, pero tiene que funcionar'', decía. Con el debate parlamentario abierto, por ahora el campo decidió no jugarse.
''Con esto sacamos a la gente de las rutas'', se entusiasmaba anoche un legislador muy cercano al matrimonio Kirchner. ''Esto no vale 100 días en la ruta'', retrucaba un dirigente rural del interior. Quedaba claro: no está cerrado todavía el largo conflicto.
Por lo pronto, la lectura dominante en el oficialismo era que con este proyecto podrían volver a reunir una masa crítica de diputados suficiente como para ratificar en los próximos días las retenciones móviles, tal como reclaman Cristina y Néstor Kirchner. Así, se pretende esquivar una eventual derrota en el recinto. Muchos legisladores del PJ ya mostraron sus disidencias con el proyecto original del Ejecutivo y elaboraron iniciativas propias.
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