La consejera de Agricultura y Pesca de Andalucía, Clara Aguilera, ha presentado un proyecto pionero sobre el impacto que tiene la fabricación de alimentos en el cambio climático, gracias a un sistema de evaluación y certificación de la Huella de Carbono en los productos agroalimentarios. Esto permite medir la contribución de cada uno de estos productos tanto a la emisión como a la absorción de dióxido de carbono.
La Consejería de Agricultura y Pesca, en colaboración con la Asociación de Empresas de Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA), impulsa esta iniciativa, que se ha desarrollado ya para el tomate, el vino y el aceite, y ha animado al sector a unirse a la misma como una muestra más de su compromiso con la lucha contra el cambio climático y la calidad. Para la consejera, esta diferenciación permitirá ''consolidar nuestra presencia en los mercados internacionales''.
Este sistema de evaluación funcionará como norma de referencia para que las empresas agroalimentarias voluntariamente lo implementen, puedan medir su impacto medioambiental y así lo certifiquen a través del etiquetado. El indicador facilitará que las empresas cuantifiquen sus emisiones para tomar medidas y reducirlas, ofreciendo una imagen más respetuosa con el medio ambiente y aumentando el valor añadido de sus producciones.
Para la representante del Gobierno andaluz, la ventaja de contar con este tipo de indicadores, que se incluirá en el etiquetado de los productos, también permitirá al consumidor ejercer su derecho a un consumo responsable conociendo el impacto de los productos que compra. ''El consumidor es consciente del efecto de la calidad y el origen de los productos sobre su propia salud y el medio ambiente'', subrayó Aguilera durante la inauguración de las Jornadas Cambio Climático y Huella de Carbono.
Aguilera ha señalado que el sector primario puede jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, pues los sistemas agrarios sostenibles son capaces de captar y secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera almacenándolo a largo plazo en sus estructuras leñosas y en el suelo, actuando como sumideros de CO2, según informa Andalucía Junta.
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