La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) exige a las administraciones públicas un mayor control y sanciones ejemplarizantes para acabar de forma radical con los fraudes que se están produciendo en las grandes superficies en la comercialización del aceite de oliva, tal y como publica hoy el periódico El País, aportando datos de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. “Las administraciones deben luchar contra este tipo de actuaciones que no sólo atentan contra el prestigio del aceite de oliva sino que también provocan que los precios tiren a la baja, amenazando a un sector económico de importancia estratégica para nuestra comunidad”, explica el responsable del sector del aceite de oliva de COAG, Gregorio López.
Esta organización agraria considera que se trata de un hecho muy grave, ya que los datos de Consumo evidencian que en el 56% de las inspecciones existe algún tipo de error o fraude relacionado con el aceite de oliva a la hora de comercializarlo. “No se trata de un peligro para la salud, pero sí supone un engaño al consumidor, ya que se le vende aceite como virgen extra cuando no lo es. Prácticas como éstas son las que están provocando un hundimiento en los precios, ya que en las grandes superficies se encuentran precios por debajo de los costes de producción”, aclara Gregorio López. “No es posible que se venda un virgen extra a un euro cuando en la cooperativa está a dos euros”, añade.
Los datos conocidos ahora avalan las denuncias de COAG, que lleva años alertando sobre las prácticas especulativas de los envasadores. De hecho, COAG-Jaén ya denunció en febrero a Alcampo por vender su marca Auchan con un error en el etiquetado, demostrándose posteriormente que además se vendía como virgen extra cuando en realidad era aceite refinado mezclado con aceite de oliva virgen. “Consumo nos dio la razón y ahora se comprueba que no es un hecho aislado, sino más común de lo que pensábamos”, ha dicho el responsable de COAG.
Por todo ello, COAG exige a las administraciones públicas mayores controles para acabar con este tipo de fraudes que dañan la imagen del aceite de oliva y que resultan un engaño para el consumidor. Además, pide que se den a conocer las marcas que han cometido los fraudes y que se les apliquen “sanciones ejemplarizantes”, ya que por el momento el máximo para estos casos es de 30.000 euros, “una cantidad perfectamente asumible para una gran superficie, que con multas de tan escasa cuantía se puede permitir seguir engañando a los compradores y hundiendo a los productores”, concluye López.
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