El Gobierno ha dado un paso más en su empeño de no regular los cultivos y alimentos modificados genéticamente al aprobar el Consejo de Ministros del 3 de septiembre el Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En este texto ni tan siquiera se mencionan los alimentos o piensos transgénicos, a pesar de que el Consejo Económico y Social (CES) lo había solicitado en su dictamen sobre este proyecto legislativo. Consumidores, ecologistas y agricultores solicitan que en el trámite parlamentario de esta ley se incluya regulación sobre los transgénicos.
El Pleno del CES solicitó en su dictamen [1] que se extremaran las precauciones en relación al cultivo y comercialización de productos transgénicos denunciando el riesgo que suponen de contaminación de otros cultivos, piensos y alimentos, lo que lleva a agricultores, ganaderos y consumidores a una situación de indefensión.
Consideramos una ruptura de derechos y una negligencia que el Gobierno obvie sistemáticamente toda mención a los organismos modificados genéticamente en las leyes, como ha ocurrido anteriormente, por ejemplo, con la Ley de Responsabilidad Ambiental.
Pero el CES no es la única institución que solicita que se regule está situación. También el Congreso de los Diputados aprobó recientemente instar al Gobierno a prevenir y sancionar los daños producidos por los transgénicos [2]. Estos llamamientos se unen a los realizados por la sociedad civil, que se ha manifestado reiteradamente contra la imposición de los transgénicos en la agricultura y la alimentación [3].
España es el único país de la Unión Europea que cultiva maíz transgénico a gran escala, mientras que Francia, Alemania, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Italia, Polonia, Bulgaria, Irlanda o Austria vetan su cultivo. Un cultivo que se desarrolla en varias comunidades autónomas en una situación de absoluta falta de transparencia y control, lo que ha provocado serios daños económicos, ambientales, indefensión jurídica y pérdida de mercados en muchos sectores agrarios [4].
Amigos de la Tierra, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Ecologistas en Acción y Greenpeace solicitan a los Grupos Parlamentarios que durante el trámite parlamentario de este proyecto de ley se incluyan:
Una moratoria sobre el cultivo de transgénicos en España basada en el Principio de Cautela, descrito en el artículo 7 del Proyecto de Ley, de forma que se pueda establecer un debate científico adecuado como sucedió en Francia o Alemania.
Medidas que hagan obligatorio el cumplimiento por parte de las administraciones y de los diferentes agentes en la cadena alimentaria de las normas existentes en materia de etiquetado y trazabilidad, que actualmente no se están cumpliendo (salvo en la agricultura ecológica), lo que pone en riesgo la salud pública y niega la libertad de elección de los consumidores.
- Medidas que fomenten la producción de piensos no transgénicos.
- Medidas de inspección estrictas y transparentes para evitar la contaminación de alimentos y piensos por transgénicos.
- Medidas estrictas contra los causantes de contaminación de alimentos y piensos por transgénicos y medios necesarios para su cumplimiento.
- Medidas de fomento de modelos de agricultura que faciliten una alimentación más sana y segura, como la agricultura ecológica.
- El compromiso de tender hacia una alimentación basada en agricultura ecológica en los centros escolares.
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