En los últimos días se encendieron las luces amarillas en el Gobierno, luego que se confirmara que en la reunión del Grupo de los 20 (G-20) –que se desarrollará el fin de semana en París– varios países desarrollados propondrán medidas para contener el incesante aumento en el precio de los alimentos. Uno de los principales perjudicados con una decisión de este tipo sería principalmente la Argentina. El otro, claro, Brasil. Dos exportadores netos de alimentos que en los últimos años recibieron gran cantidad de dólares por las ventas de granos al mundo.
Por eso es que tanto la Argentina como Brasil preparan una defensa conjunta ante los embates de las naciones desarrolladas. Francia es la nación que lidera la movida para frenar el valor de los alimentos. Pero la apoyan otro países y los organismos internacionales de crédito. El influyente Banco Mundial emitió ayer un informe en el que advierte que la suba de los comestibles, que ya están en niveles récord desde 2008, arrastró a 44 millones de personas a la pobreza (ver columna). El presidente del BM, Robert Zoellick, calificó la situación de “peligrosa” y urgió a los líderes del G-20 a considerar la suba de los alimentos como tema “fundamental”.
Entre las naciones que abogan por una medida que contenga la suba de los alimentos conviven dos posturas. La más radical propicia establecer un sistema de topes máximos para los valores de los productos agrícolas. Otros, en cambio, proponen regulaciones para evitar que la especulación financiera sobre los granos –como la soja, el trigo o el maíz– continúe inflando los precios.
La propia ministra de Economía de Francia, Christine Lagarde, tuvo que salir a aclarar que ese país no promueve un control de precios, sino una serie de regulaciones. El presidente galo, Nicolás Sarkozy, había planteado hace algunas semanas la necesidad de regular los precios de los commodities, deslizando una burbuja especulativa en ese mercado, y ubicó al tema como una cuestión de “seguridad alimentaria” mundial.
Sarkozy tomó como punta de lanza un reciente informe publicado por Naciones Unidas, en el cual según los últimos datos del indicador de precios, los productos primarios mostraron un alza de 32% de en la segunda mitad de 2010, lo que sembró temores a una repetición de los que fue la crisis desatada entre 2007 y 2008. A modo de ejemplo, actualmente la soja se ubica en torno a los 520 dólares la tonelada en Chicago, cuando a mediados del 2008 cotizaba en un rango muy cercano a los 500 dólares.
En este contexto, el ministro de Economía, Amado Boudou, y el canciller Héctor Timerman, viajarán mañana a París encabezando la delegación argentina. Rechazarán de plano la iniciativa francesa de regular el precio de los commodities agropecuarios. Aunque paradójicamente, el Gobierno haya librado una de sus mayores batallas frente al campo por la imposición de retenciones a las exportaciones agropecuarias, que precisamente actúan como una barrera que atenúa el impacto de las subas internacionales de los granos en el mercado interno.
Pero el Gobierno no está dispuesto a resignar la otra función central que cumplen las retenciones: una significativa caja de recaudación fiscal mes tras mes. Y para ello requiere un precio sostenido a nivel mundial.
De hecho, la Argentina y Brasil, anticiparon su posición conjunta el pasado viernes, tras el encuentro que mantuvo Boudou con su par brasileño, Guido Mantega, en San Pablo. El ministro brasileño de Hacienda, Guido Mantega, sostuvo que “Brasil es totalmente contrario a mecanismos de control o regulación del precio de las commodities porque esas medidas pueden ser un tiro que sale por la culata ya que inhibirían la oferta”.
“Una propuesta que podría ayudar a solucionar ese problema es que los países avanzados y los emergentes más dinámicos se uniesen en un programa de estímulo para la producción agrícola en países pobres”, dijo Mantega.
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