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El desmantelamiento de la Política Agraria Común (PAC) tras la reforma de 2003 y la liberalización del comercio está haciendo más vulnerables a todos los países europeos cuando se producen cambios en los mercados mundiales, debido a su importante comercio agroalimentario. Las últimas reformas de la PAC basadas en el desacoplamiento de las ayudas y el abandono de la producción han sido un grave error político cuyas consecuencias están siendo pagadas por los agricultores, ganaderos y consumidores europeos, a pesar del rechazo elevado que existe a esta estrategia europea. La progresiva eliminación de las políticas de mercado supone precios cada vez más bajos e inestables para la producción, siendo los precios de referencia unos precios mundiales cada vez más volátiles y destructivos para las economías rurales. El planteamiento basado en un abastecimiento de terceros países a precios bajos y la inexistencia de unos precios internos remunerativos se está mostrando como un error político muy grave. Se debe reflexionar profundamente sobre el modelo de alimentación que tenemos en la actualidad.

En los próximos meses continuarán los debates sobre la Política Agraria Europea a partir de 2013 enmarcados y condicionados por el debate del presupuesto de la Unión Europea, la nueva ronda de Doha (OMC) y las negociaciones de libre comercio con Centro‐América, comunidad andina, área euro‐mediterránea (Marruecos, Túnez, Egipto) y Mercosur entre otras. La actual PAC está supeditándose a los acuerdos de la OMC y los tratados de libre comercio que colocan a la agricultura y la alimentación en la especulación de los mercados internacionales.

Las negociaciones de libre comercio que está desarrollando la Unión Europea están sacrificando la agricultura familiar sostenible y en consecuencia la garantía de una alimentación sana, diversa y segura. Se quiere integrar a los productos agrarios en el proceso de liberalización comercial como cualquier otra mercancía, sin tener en cuenta el carácter estratégico de la agricultura y la alimentación para la sociedad. Se abandona el modelo social de agricultura que garantiza la gestión sostenible del territorio, la sostenibilidad y la economía y el empleo de las zonas rurales. Por el contrario se ofrece a las multinacionales el control de la alimentación. La actual crisis alimentaria nos demuestra que la agricultura debe salir fuera de las negociaciones de libre comercio en la Organización Mundial del Comercio y en los acuerdos bilaterales.
Desde mediados de 2010, viene produciéndose una nueva crisis alimentaria mundial producida por la subida espectacular de algunas materias primas agrícolas, así como de los costes de la producción agraria. En la última parte de 2010 y primer trimestre de 2011 hemos asistido a un marcado crecimiento de los precios y las cotizaciones de las materias primas agrícolas. A sí, los precios del trigo, por ejemplo, han pasado de 150 €/t en Junio de 2010 a 240 €/t en Marzo de 2011. De igual forma, durante el mismo periodo, los precios de la cebada en origen han pasado de 120 €/t a 220 €/t.

Evolución de los precios de los cereales en origen 2007‐2011
Entidades como el Banco Mundial, la Naciones Unidas, la FAO, Unicef o el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de la Naciones Unidas han identificado a la especulación alimentaria como una de las causas más importantes de esta crisis. La alimentación es un derecho humano y debemos exigir que los mercados financieros no coticen con ese derecho como si de juguete se tratara para el lucro desmesurado de unos y el empobrecimiento de la mayoría. Catalunya Caixa ha lanzado un nuevo depósito financiero llamado 100% Natural.

Ese curioso nombre responde a que opera con alimentos, en concreto con el maíz, el café y el azúcar. Herramientas financieras como esta contribuyen a la especulación alimentaria y al incremento desmesurado del precio de los alimentos, un incremento que tiene consecuencias para los consumidores de todo el planeta, pero de manera especial empuja al hambre y a la pobreza a las sociedades más vulnerables.

Por su parte, los productores de remolacha de COAG y las industrias azucareras han manifestado recientemente su temor ante una situación de escasez de azúcar en el mercado español y por las nuevas subidas de precios al consumidor. Según informaba AGROEUROPA la semana pasada (nº 1157), la ajustada relación entre la oferta y demanda de azúcar en el mercado mundial ha dado lugar a una subida considerable del precio de este producto en las bolsas internacionales, cuyos efectos se han trasladado al mercado europeo, muy dependiente de las importaciones tras la última reforma aprobada para este sector en 2006, que ha reducido considerablemente la producción, en el caso de España a la mitad (500.000 toneladas de cuota frente a un consumo en torno a 1,3 millones de toneladas). Las previsiones son de nuevas subidas de los precios al consumidor. Los datos del IPC muestran una subida del 16,2% del precio del azúcar en España en los meses de Enero y Febrero.

Un caso similar al del azúcar donde los consumidores han pagado las consecuencias de las malas políticas agrarias a nivel comunitario, es el del vacuno de carne. Como se puede observar en los siguientes gráficos, la UE es dependiente de importaciones netas de carne de vacuno desde 2003. Desde ese año, los consumidores en España han pagado 1€ más de media por año la carne de vacuno (de 10€/kg en 2004 a 16€/kg en 2010) mientras los ganaderos siguen recibiendo en origen el mismo precio desde entonces (3,25 €/kg de media).

A nivel estatal, el creciente desequilibrio en la cadena comercial agroalimentaria y las consecuencias que esto conlleva para productores y consumidores es un tema que preocupa a toda la sociedad y sobre el que se han de tomar medidas urgentes. El actual desequilibrio de la cadena agroalimentaria por la posición negociadora dominante de las grandes empresas de distribución agroalimentaria (reconocida por la Comisión Europea en su informe sobre la cadena de valor de finales de 2009 y por el resto de instituciones europeas y nacionales) está teniendo graves consecuencias en nuestra sociedad. La creciente desaparición de agricultores y ganaderos, la falta de inversión y crecimiento del sector de la industria agroalimentaria, la falta de eficiencia, competitividad, innovación y desarrollo en la cadena de valor, el cierre definitivo de establecimientos de venta tradicionales y especializados y la pérdida de variedad y calidad de los productos que puede encontrar el consumidor en los establecimientos de compra, son consecuencias de ello.

El sector agrario viene realizando desde hace muchos años un esfuerzo por adaptarse a las exigencias de los sistemas normativos que mejoran la garantía de derechos de los consumidores (seguridad alimentaria, trazabilidad) e innovador sin precedentes (desarrollo de productos de 4ª gama, modernización, sostenibilidad ambiental de los procesos, adecuación de la producción a las demandas del consumidor o a las imposiciones de la distribución, etc.) teniendo incluso que competir cada vez más con producciones que vienen de países de fuera de la Unión Europea, donde las controles son mucho menos exigentes que los europeos. La apuesta por los productos locales y mercados de proximidad debe ser mucho más firme.

Sin embargo, la supuesta “guerra de precios” abierta en los últimos años para adaptarse a la crisis económica por parte de las empresas de la distribución agroalimentaria, hace que las bajadas de precios al consumo sean trasladadas automáticamente a sus proveedores, generando una presión cada vez más fuerte sobre éstos y provocando su traslado a eslabones anteriores de la cadena o su salida del mercado a corto o medio plazo. La evolución que han seguido los precios en origen de los productos agroalimentarios en los últimos años está cada vez más distanciada de la de los precios que pagan los consumidores por los alimentos, es decir, los consumidores pagan cada vez más por productos que compran mientras los agricultores cobran a precios de hace 20 años.

Además, las prácticas comerciales abusivas desarrolladas por las empresas de la gran distribución agroalimentaria y otros agentes de la cadena agroalimentaria (venta a pérdidas, subastas a ciegas, pagos atípicos, descuentos injustificados, imposición de obligaciones a proveedores, aplazamiento de los pagos, etc.) se han agudizado al hilo de la crisis económica.

El Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD), elaborado mensualmente por COAG y las organizaciones de consumidores UCE y CEACCU desde 2008, pone de relieve que los diferenciales de precios en la cadena agroalimentaria se mantienen de media por encima del 450%, fundamentalmente por la tendencia a la baja de los precios en el campo y por la posición de abuso de la gran distribución, que sigue sin trasladar al precio final de los alimentos las variaciones en origen. En el último año, el incremento de los márgenes comerciales ha sido del 24%.

El resultado de todo esto es una pérdida de renta en el sector agrario español del 27,4% desde el año 2003 que refleja una evolución desastrosa. El gasto en costes de producción agrícolas y ganaderos se incrementó en un 5,3% durante 2010, destacando el realizado en compra de piensos para el ganado que representa un 50% del total de costes que fue del 19,6%. Por su parte el precio del gasóleo agrícola se ha incrementado un 34% desde abril de 2010, pasando de 0,76€/l, a 1,02€/l. Además, los agricultores afrontan la nueva temporada de riego con un incremento de la factura eléctrica superior al 60% desde la liberalización del mercado eléctrico en 2008.

Este tipo de políticas, aunque pueden proporcionar precios más bajos en momentos puntuales para los consumidores, tiene consecuencias nefastas sobre el tejido productivo agrario español, estratégico para un país como el nuestro con balanza comercial agroalimentaria positiva. Agricultores, ganaderos, cooperativas agroalimentarias e incluso industrias de transformación tienen cada día más difícil su permanencia en un mercado no remunerador de productos agroalimentarios dominado por las empresas de la gran distribución agroalimentaria, capaces de condicionar el funcionamiento de toda la cadena agroalimentaria. Pero lo más preocupante, son los efectos que a medio y largo plazo tendrá este proceso sobre los consumidores y la sociedad en general.

Estamos ante una nueva crisis alimentaria de alcance mundial que vuelve a demostrar el fracaso del fanatismo político por el libre mercado aplicado hasta ahora a la agricultura y la alimentación. El mercado no hace función de regulación, sino que se comporta de forma especulativa generando un encarecimiento abusivo de la alimentación en nuestro país, al tiempo que ocasiona graves problemas alimentarios en muchas partes del mundo, con más de mil millones de personas afectadas por el hambre. Esta crisis provoca situaciones muy preocupantes para el conjunto de la sociedad como la falta de abastecimiento de azúcar sufrida por la Unión Europea a finales de 2010 y principios de 2011 donde se llegaron incluso a dar situaciones de racionamiento como en Portugal.

En el contexto actual de subida de costes de producción, caída de precios agrarios en origen y reducción de los apoyos comunitarios, se ha de priorizar el carácter estratégico de la agricultura y la ganadería para evitar la dependencia del exterior y el encarecimiento de los alimentos, defendiendo el principio de soberanía alimentaria tanto para la Unión Europea como para los países pobres y en vías de desarrollo de tal forma que se respete el derecho de los ciudadanos a decidir sobre la agricultura y la alimentación. El mantenimiento de la actividad agraria es esencial para conservar el empleo y la vida en el medio rural. La sociedad debe reflexionar y actuar sobre el modelo de alimentación presente y futuro y sobre las consecuencias que el actual funcionamiento de la cadena agroalimentaria puede tener sobre los intereses y demandas de los consumidores a medio y largo plazo. La agricultura y la alimentación so pueden estar sometidas y condicionadas a la especulación de los mercados financieros.

Por tanto, se hacen necesarias nuevas políticas agrarias con una orientación social y de preservación de los valores estratégicos de la actividad agraria que garanticen la estabilidad de los precios de los productos agroalimentarios mediante los instrumentos de regulación y gestión de mercados (vigilando la transparencia en los precios, la libre competencia…) y con mecanismos públicos de control e intervención (almacenamiento, etc.). Esto significa que Europa debe renovar su apuesta por la agricultura social, garantizando la seguridad alimentaria en el marco de la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente y el medio rural, para atender de forma efectiva las demandas y necesidades de los consumidores europeos. Además, se han de poner en marcha medidas estructurales que propicien una mayor participación de los productores y de los consumidores en la cadena agroalimentaria. Así, durante la tramitación de la futura Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria se han de contemplar la regulación de las prácticas comerciales abusivas y la vertebración del sector agroalimentario a través de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.

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