El pasado 28 de noviembre, el Gobierno británico, a través del Home Office, el ministerio responsable de inmigración, seguridad, leyes y orden, lanzó la consulta pública sobre la regulación de la venta de alcohol, iniciativa que se extenderá diez semanas hasta el próximo 6 de febrero de 2013. El Ejecutivo invita a consumidores en general, agentes de la industria y autoridades a contestar dicha consulta.
El objetivo de este trámite de información pública pasa por formalizar las estrategias a seguir en la comercialización de productos alcohólicos para evitar problemas derivados del consumo excesivo. Esta consulta coincide con la propuesta del Gobierno escocés de aplicar un precio mínimo por botella de 50 peniques (0,62 euros), con la oposición de los proveedores, la Comisión Europea y un grupo de países de la eurozona.
En el caso británico, el equipo de Gobierno se escuda en el incremento de la violencia, las conductas antisociales y las urgencias hospitalarias, derivadas del consumo abusivo de alcohol los fines de semana, para perfilar una nueva estrategia. Algunas de las medidas lanzadas a consulta por el Ejecutivo contemplan la introducción de un precio mínimo por unidad (iniciativa que ha suscitado una mayor polémica en vista del descenso del consumo y estimado por la industria), la prohibición de las ofertas ''multiventa'' de bebidas alcohólicas (tales como el ''2x1'') o el desarrollo de un programa piloto de un sistema innovador de control de la alcoholemia, para intentar disminuir el número de delitos relacionados con el consumo excesivo.
Algunos agentes del sector han mostrado su disconformidad con la propuesta. Por ejemplo, Andrew Cowan, director de Diageo en Gran Bretaña, ha afirmado que “esta política no afecta a personas con problemas de alcoholismo, sino a todo el mundo, en particular a la gran mayoría que bebe con responsabilidad”.
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