México se ubica entre los países con más alta inflación de alimentos durante el primer bimestre de este año, de acuerdo con la firma Consultores Internacionales S.C. (CISC).
La empresa de consultoría explicó que las principales causas de este incremento en los precios de los alimentos en el país son la sequía, el aumento de la demanda de estos productos y la producción de biocombustibles.
En el análisis titulado “Inflación de alimentos en México”, advirtió que la población en condición de pobreza puede resultar la más afectada por este fenómeno, pues entre menos ingreso se tenga, se destina una mayor proporción del gasto al consumo de alimentos.
Informó que en enero de este año, la inflación de alimentos fue de 7.3%, mientras que la inflación general fue de 4.1%; en tanto que en febrero las tasas fueron de 6.3 y 3.9%, respectivamente.
En comparativos internacionales presentados para América Latina por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), México encabeza, junto con Chile, el fenómeno de la inflación de alimentos.
Refirió que en el país andino se registró una inflación de 9.0% en el primer mes del año en tanto que la inflación de la región de América Latina y el Caribe fue de 8.7%.
Por otro lado, apuntó CISC, en una comparación con sus “pares” en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubicó como la tercera economía con el mayor incremento en los precios de alimentos sólo detrás de Turquía y Chile.
En contraste, para los 34 países de la OCDE la inflación anual promedio de alimentos en enero fue de 4.3%, para los países del Grupo de los Siete (G-7) fue de 4.2% y en la Unión Europea fue de 3.1%, agregó.
Aclaró que este fenómeno no es reciente en México, pues desde 2006 los precios de los alimentos han mostrado aumentos por arriba de la inflación general, destacando 2008, año de la crisis mundial, cuando la inflación de alimentos fue de 10.2% y la general de 6.5%.
La consultora identificó 3 causales de este fenómeno inflacionario: la sequía en regiones productoras, producto del cambio climático, lo que limita la oferta; y el aumento en el consumo per cápita derivado del aumento poblacional en regiones no productoras.
Asimismo, el desvío de la producción de determinados productos hacia la producción de biocombustibles, lo que, si bien es un fenómeno positivo desde punto de vista de la sustentabilidad, encarece la producción para el consumo humano.
Estas mega tendencias indican que la demanda mundial de productos agrícolas seguirá en aumento, lo que perfila que el fenómeno conocido como “agflación”, será un fantasma que nos ronde por mucho tiempo.
Esto, en caso de que no sea combatido con mayor producción de alimentos, lo que requiere inversiones e incentivos al campo, tan descuidado en nuestro país, y nos obligará a elevar nuestras importaciones, añadió.
Advirtió que si bien el aumento en los precios de los alimentos puede ser un aliciente para estimular la producción nacional, hay un grupo de mexicanos directamente perjudicados: los pobres, quienes destinan gran parte de su ingreso al consumo de alimentos.
De acuerdo con la reciente encuesta de ingreso-gasto de los hogares del INEGI, los hogares destinan en promedio 22% de su ingreso total al consumo de alimentos y bebidas.
Sin embargo, en los 3 deciles de menores ingresos, el gasto en este rubro básico se eleva a 33%, mientras que en los tres más altos el gasto baja a 19%, expuso la firma.
Precisó que si bien la inflación general está “controlada” como fenómeno macroeconómico, la inflación de alimentos -la que afecta a los bolsillos (el nivel micro)- está creciendo sin control, lo que no aporta a la reducción de los niveles de pobreza que tanto afectan a la población mexicana.
Si a esto se agrega la posibilidad de que se genere un ciclo escasez-especulación en la comercialización de alimentos, a través del manejo de inventarios, se provocaría que las cadenas de distribución empiecen a deteriorarse y las afectaciones a la población serán más severas.
La consultora CISC consideró necesario que las autoridades tengan una mayor presencia y vigilancia a lo largo del proceso comercial, previniendo este fenómeno “de cuyos daños tenemos suficientes ejemplos en nuestra historia”.
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