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Medidas
Sector del vino busca solución a los excedentes
La retirada a coste cero de hasta 4 millones de hectolitros de vino que revitalicen el mercado de cara a la próxima vendimia, levanta polémica en diferentes actores
17/07/2014 -
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El acuerdo pretende sacar del mercado hasta cuatro millones de hectolitros de vino a coste cero.
El acuerdo logrado entre el sector del vino y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para la retirada a coste cero de hasta cuatro millones de hectolitros de vino que revitalicen el mercado de cara a la próxima vendimia, ha levantado polémica entre los diferentes actores por diversas razones. Mientras la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) considera que el Gobierno debía poner dinero encima de la mesa para solucionar el problema, las bodegas privadas de Castilla-La Mancha y Extremadura estiman que ellas, que ya han pagado la uva, no deben pagar por un problema que no han creado, argumentos a los que también se sumó la Asociación Española del Vinagre.
El hecho de que España tuviera durante la vendimia de 2013 una cosecha récord superior a 53 millones de hectolitros, de los que alrededor de 32-33 millones corresponden a Castilla-La Mancha, dejaba al sector, especialmente a las cooperativas, en una situación difícil, máxime cuando apenas quedan 40-50 días para iniciar la próxima campaña. Aunque la cosecha a nivel mundial no fue exageradamente superior, resultaba difícil colocar 10 millones de hectólitros más que cualquier campaña media por lo que el problema estaba servido.
El acuerdo pretende sacar del mercado hasta cuatro millones de hectolitros de vino a coste cero, a los que habría que añadir el importe del transporte y la transformación, para su conversión en bioetanol en su mayor parte, aunque alguno puede ir destinado a la conversión en alcohol para uso de boca.
El acuerdo salió adelante con la firma de Cooperativas, Federación Española del Vino (FEV), ASAJA, COAG y Asociación de Destiladores de Alcoholes Vínicos (ADEVIN).
Tanto Asaja como Cooperativas Agroalimentarias entienden que había que hacer frente al problema y que al Ministerio le resultaba difícil justificar una decisión de destilación de crisis pura y dura y con ayudas. Como la otra alternativa que las autoridades ofrecían pasaba por almacenar el vino durante unos meses, o sea aplazar el problema, los agentes optaron por sacar adelante el acuerdo con la firma de Cooperativas, Federación Española del Vino (FEV), ASAJA, COAG y Asociación de Destiladores de Alcoholes Vínicos (ADEVIN).
El acuerdo, negociado por el presidente regional de ASAJA Castilla-La Mancha, Fernando Villena, en representación de esa organización agraria, es, a su juicio, “fruto de una medida dolorosa pero necesaria”. Tanto Villena como el presidente nacional de la Organización, Pedro Barato, han insistido en que esta medida, de cualquier forma, no servirá de nada si no logramos impulsar mediante una organización de productores y la futura interprofesional medidas de control de rendimientos y pago de la uva en función de su calidad y no de la cantidad, así como una identificación real de las existencias. Barato considera que el acuerdo es un arreglo momentáneo “al que deben seguir acuerdos de mucho mayor calado”.
El acuerdo, según el presidente regional de ASAJA Castilla-La Mancha, Fernando Villena, es “fruto de una medida dolorosa pero necesaria”
En parecidos términos se han expresado los responsables de Cooperativas Agroalimentarias que, además, de dejar claro que no había otra solución han incidido en potenciar, como señalaba ASAJA, las organizaciones de productores y la interprofesional y en batallar en Bruselas contra la chaptalización (adición de sacarosa al vino para aumentarle el grado en vez de hacerlo con zumo de uva).
Ramón Gómez, secretario de Organización de UPA en Castilla-La Mancha, justificó su rechazo al acuerdo al considerar que con él, “la Administración obliga a hacer una destilación de crisis sin aportar fondos para ello y cargando sobre el sector todos los costes”. A su juicio va a salir más caro el movimiento para su destilación que “desecharlo sin más”. Resaltó que son positivos los avances en la creación de la interprofesional, pero no la retirada sin apoyo económico.
El presidente de la Asociación de Destiladores de Alcohol Vínico (ADEVIN), Francisco Ligero, señaló que el precio de alcohol puro con destino a bioetanol se vende ahora mismo a 0,30 euros el litro y para lograrlo hacen falta en torno a 10 litros, lo que supone fijar un precio al vino de tres céntimos sin tener en cuenta los costes de transporte y de producción, que será a cargo de empresas y cooperativas vitivinícolas. Ligero cuestiona que la medida sea una solución y considera que en una economía libre de mercado cada cual debe pechar con las consecuencias de sus decisiones.
La Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha, cuyo director general es Manuel Civera, considera que ellos no son responsables de la situación y rechazan pagar por ello. Ve injusto que se penalice a las bodegas privadas por las sobreproducciones de los agricultores “que paradójicamente ya han cobrado su uva y a los que esta medida no les afecta”
También el sector industrial privado se encuentra dividido. Mientras la FEV, que dice representar al 80% de las bodegas españolas, considera que los problemas se han producido por la inflexibilidad que suponen algunas normas como la restricción a la libertad de plantaciones, la Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha, cuyo director general es Manuel Civera, considera que ellos no son responsables de la situación y rechazan pagar por ello.
Tanto Javier Pagés, presidente de la FEV, como su secretario general, Pau Roca, abogan “por un sistema más flexible de plantación, poco o nada politizado y abierto al mercado”, ya que consideran que oferta y demanda son las que tienen que converger “nunca los intereses políticos”.
Desde la FEV abogan “por un sistema más flexible de plantación, poco o nada politizado y abierto al mercado”.
Civera, por su parte, considera injusto que se penalice a las bodegas privadas por las sobreproducciones de los agricultores “que paradójicamente ya han cobrado su uva y a los que esta medida no les afecta”. Critica que se castigue también a los operadores que han agotado su vino almacenado y han comprado vino de nuevo y tengan existencias a 31 de julio sin vender. Estima que la situación actual puede favorecer a los especuladores que intentarán hacerse con vino a precios muy bajos.
En definitiva, un acuerdo que no ha logrado el consenso del sector que ahora espera que el mercado se reactive antes de la próxima vendimia, no solo para hacer hueco en los depósitos sino para lograr un mejor precio por el producto que continúe en el mercado.
