Este tratado ayudaría a solucionar polémicas por políticas de salud que se quieren implementar.
Organizaciones civiles hicieron un llamado a los gobiernos de crear un “Convenio Marco para proteger y promover la alimentación saludable y sostenible” durante la reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llevada a cabo este fin de semana en Washington, Estados Unidos.
El especialista mexicano Alejandro Calvillo Unna habló en representación de la Coalición Latinoamérica Saludable (CLAS) sobre la necesidad de crear este convenio auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que pertenece la OPS, que apoye políticas públicas en beneficio de la salud alimentaria.
“Al igual que hay una Convención Marco para el tabaco y eso sirvió mucho para que los gobiernos pudieran actuar, este tratado ayudaría a solucionar muchas polémicas por políticas de salud que se quieren implementar”, dijo Calvillo en entrevista con SinEmbargo desde Estados Unidos.
Al año hay 22.9 millones de muertes relacionadas con la salud alimentaria por padecimientos como la desnutrición infantil y materna, problemas de colesterol, sobrepeso y obesidad.
Durante su intervención, Calvillo expuso el colapso que han sufrido los gobiernos por atender las comorbilidades de esas enfermedades. Por ejemplo, la obesidad le cuesta a México más de 70 mil millones de pesos al año. Eso es más de la mitad del presupuesto de todo el sector salud.
A nivel mundial los costos por problemas de nutrición se elevan a 4 trillones de dólares al año dentro de la economía global, expusieron las organizaciones civiles. “Lo equivalente al conjunto del Producto Interno Bruto de las tres mayores economías en Latinoamérica, Brasil, México y Argentina”, citó la Coalición en una misiva.
Pese a esta realidad generalizada, Calvillo Unna señaló la reticencia de las industrias de alimentos y bebidas en estos países para apoyar medidas públicas que atiendan las recomendaciones nutricionales de la OMS y regulen el consumo de estos productos.
Este fue el papel que jugó la Alianza Latinoamericana de Industrias de Alimentos y Bebidas, quienes rechazaron categóricamente el pasado 11 de marzo la imposición de etiquetados nutrimentales más claros para las personas, como lo es el que utiliza los colores del semáforo en Ecuador, o el de advertencia que próximamente se utilizará en Chile, que está pensado para que pueda ser entendido por un niño.
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